La beca apunta a alumnos de entre 16 y 17 años que acuden a colegios secundarios y aquellos que se desvincularon del sistema para que retomen sus estudios y puedan concluirlos.
Con el objetivo de que los jóvenes se revinculen a la escuela y el de garantizar la permanencia y la finalización de la trayectoria escolar obligatoria, los Gobiernos Provincial y Nacional trabajan de manera mancomunada en distintas acciones. Una de ellas son las becas Progresar, financiadas con recursos del Gobierno nacional; una de las líneas de estas becas nacionales está destinada a jóvenes de 16 y 17 años que asisten a la escuela y también apunta a recuperar a quienes abandonaron los estudios.
En Salta, 25.554 adolescentes de entre 16 y 17 años se inscribieron a la primera convocatoria, de los cuales 23.887 concurren a establecimientos educativos de la provincia y los otros 1.667 restantes se comprometieron a retomar sus estudios en este ciclo lectivo.
Esta es una política educativa que favorece el sostenimiento en la escuela secundaria de los estudiantes de 16 y 17 años como condición para que aprendan mejor y se gradúen en tiempo y forma. Además, impulsa la revinculación de los estudiantes con la escuela secundaria, fortaleciendo sus trayectorias educativas y recuperando los aprendizajes.
En palabras del ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa: “Este programa de becas que es financiado por el Gobierno nacional, busca combatir una de las causas del abandono escolar que tiene que ver con problemas socioeconómicos que sucede, esencialmente en el Nivel Secundario”.
Estas becas fueron tratadas en el marco del Consejo Federal de Educación cuya normativa regulatoria es la resolución 415/21.
La próxima convocatoria a las becas Progresar 16 y 17 años comenzará el 1 de marzo, junto con la apertura a la inscripción de todas las líneas del Programa.
Durante el 2021, en Salta fueron beneficiados con las diferentes líneas de las Becas Progresar 15 mil alumnos que asistieron a los niveles obligatorios, más de 2400 estudiantes de pueblos indígenas, casi 170 alumnos en conflicto con la ley penal y 14.500 estudiantes del nivel superior.
