Además se solicito la declaración de Nulidad e Inconstitucionalidad del DNU 280 que elimina del Presupuesto 2023 los fondos destinados para tal fin. Se presento también una Medida Cautelar, en procura no solo del dinero que la provincia desembolsó en ese concepto en el mes de enero, sino también los fondos que corresponden a los meses siguientes.
El Gobierno de la Provincia de Salta, presentó un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema (Expte. CSJ 529/24) en contra del Gobierno Nacional pidiendo por el Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID).
En su presentación recuerda que el FONID es creado por una ley del Congreso en el año 1998, con la finalidad de mejorar la retribución de los docentes, siendo prorrogado durante 26 años por distintas leyes y decretos.
Este fondo implicaba cumplir con la responsabilidad legal y constitucional que le cabe al Gobierno nacional a fin de garantizar su contribución al financiamiento del sistema educativo indicadas por las leyes vigentes. Acá se destacan dos leyes nacionales: la ley de Financiamiento Educativo (26.075) que establece expresamente la obligación del Estado nacional de contribuir al financiamiento del sistema educativo de las provincias y la Ley Nacional de Educación (26.206) que no solo declara a la Educación como un bien público, sino también una prioridad nacional y política de Estado.
Por otro lado, las partidas para atender el mencionado fondo se encontraban contempladas en el Presupuesto 2023 que fue prorrogado. Sin embrago el Estado nacional decidió unilaterlamente y a pesar de haber devengado el gasto la Secretaría de Educación de la Nación, no realizar la transferencia de los fondos correspondientes, los cuales a su vez son eliminados del mencionado presupuesto a través del DNU 280.
Por estos motivos, la Provincia no solo pide se restituya el FONID y los fondos de Conectividad, sino tambien se declare la Nulidad e Inconstitucionalidad del DNU 280 y solicita una Medida Cautelar, en procura no solo del dinero que la provincia desembolsó en ese concepto en el mes de enero, sino también de los que corresponden a los meses siguientes, mientras se discute la cuestión de fondo.
Entre los argumentos, se destaca que la decisión del Gobierno Nacional, no solo implicó una disminución sustancial y sorpresiva de los recursos previstos por la provincia, sino también una disminución de los salarios que perciben los docentes.
