Este grupo técnico determinó acompañar el reclamo provincial de los fondos adeudados por el Gobierno nacional, por la adhesión de Salta a la desfederalización del microtráfico.
La Unidad Coordinadora de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico de Salta decidió sumar a la mesa de trabajo a los Ministerios de Salud Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, ampliando más la tarea de prevención. El grupo determinó además acompañar el reclamo del Gobierno provincial de los fondos adeudados por Nación, por la manutención de presos por microtráfico.
La deuda llega a los $ 200 millones y corresponde a la instrumentación de la desfederalización del microtráfico de drogas, sistema al que adhirió el Ejecutivo provincial en enero de 2014. “Salta tomó la decisión de adherir a la ley de la desfederalización y esa misma ley es la que establece que Nación debe enviar los recursos”, dijo el ministro Marcelo López Arias, al indicar que la Secretaría de Justicia se hará cargo de elaborar la presentación correspondiente.A la reunión fue invitado a participar el vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa.
La Unidad Coordinadora de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico se creó ese mismo año y es coordinada por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Está integrada por el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y Justicia Federal. El objetivo de sumar a Educación y a Salud es aprovechar su experiencia en el tema y ampliar el campo de enfoque.
Se informó que con fondos provinciales se ampliará la Alcaidía de Ciudad Judicial para atender el problema de la población penitenciaria allí alojada. También se dio detalles de las acciones de diferentes áreas, desarrolladas de manera coordinada: un ejemplo es la tarea entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración en el análisis del delito, con personal especializado.
Participaron el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el juez de la Corte, Guillermo Posadas; el procurador general, Pablo López Viñals; los ministros de Seguridad Carlos Oliver y de Salud Pública, Roque Mascarello; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi.
También estuvieron la representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Nación, Mariana Gamba; y la directora nacional de Inteligencia Criminal, Laura García Albeza; el subsecretario de Políticas Penales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena; y el coordinador del Ministerio de Educación, Enrique Barrios, entre otros funcionarios.